17 agosto, 2018, Vie

El equipo de gobierno de la Diputación Provincial recibe otro revés judicial.

 Una vez más,  vuelve a demostrarse la nefasta gestión que en materia de Personal sigue realizando la Diputación Provincial de Cuenca, circunstancia ésta que desde Izquierda Unida venimos denunciando continuamente.

Ahora ha sido la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha la que ha rechazado su gestión. En concreto, la sentencia de  dicha sala anula la aprobación de los presupuestos de 2016 del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cuenca, dado que se confirma que la participación y consulta previa a la representación sindical resulta imprescindible en este punto.

Este nuevo varapalo se une a la nefasta gestión seguida desde el equipo de Gobierno en los temas relativos al personal de la Diputación, y fundamentalmente al del Servicio de Bomberos, anteriormente llamado Consorcio Cuenca 112. Recordemos lo sucedido con el incidente en el parque de Bomberos de Motilla. Pero también recordemos que anteriormente fue despedido improcedentemente un operador, J.L., lo que le costó a las arcas provinciales más de 30.000 euros al negarse a readmitirlo. O más recientemente, y así se denunció en el pasado Pleno por la diputada de esta formación, Ana María Sánchez, el despido declarado también improcedente de una trabajadora proveniente del mismo servicio: la Diputación tendrá que abonar cerca de 35.000 euros de indemnización, dado que no la va a readmitir. Curiosamente, este puesto ha sido ocupado por otra persona ligada al PP. Casualidades!

Ahora, tras lo que hemos conocido hoy, volvemos a tener otra carga económica, además de las consecuencias que se deriven de la anulación de dichos presupuestos, que forman parte del Presupuesto General de la Diputación del año 2016.

Un capítulo más, en palabras de la representante de IU, del calamitoso “buen hacer”de el Sr. Prieto, el Sr. Huete, el Sr. Cuesta y el resto de responsables provinciales.

Desde esta formación solicitamos una vez más que rectifiquen en esta política laboral absolutamente censurable, porque no se puede jugar con el empleo y los derechos de los trabajadores. Pero además queremos denunciar el descalabro económico que su política prepotente y caciquil  está generando a las arcas de la Diputación.

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